Como una importante instancia para los profesionales del rubro de la tasación y especialmente para el intercambio de experiencias, calificó el presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, ASATCH, Fernando Merino el Congreso Internacional convocado para el viernes 13 y sábado 14 de junio.
En la apertura del Primer Congreso Internacional de Evaluación Inmobiliaria y Tasación, efectuado en los salones del Hotel Radisson estuvo presente la ministra de Vivienda, Patricia Poblete; el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Alberto Montealegre, entre otras personalidades.
Fernando Merino precisó que “una de las metas del reciente Congreso fue el tema gremial y por eso que aquí se contó con la asistencia de representantes de Brasil, México, Perú, Estados Unidos, los cuales ya en sus asociaciones de profesionales evaluadores, como lo llaman allá, nos llevan mucha ventaja en la tasación y la organización de los tasadores. Hay leyes que protegen a los tasadores, entonces todo este intercambio de experiencia queremos que los profesionales que tasan acá en Chile que son los arquitectos, los constructores y los agrónomos tomen la experiencia que les permita presentarse mejor y dar cada vez un mejor servicio profesional”
UN ENRIQUECIMIENTO
Por su parte el past President de la ASATCH y Vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Alberto Arenas, se refirió a los beneficios de estos encuentros y de la unidad que hay y debe haber entre los diversos gremios y asociaciones del rubro para enriquecer la profesión y al país. “Todo lo que significa desarrollo del territorio en expresiones urbanas o agrícolas es una situación absolutamente dinámica por una parte en las materialidades y también dinámicas desde el punto de vista del comportamiento que van teniendo cada una de esas etapas dentro de los en el proceso macroeconómico que tiene el país. El entender esta fenomenología hace que los planteamientos que pueda tener o los beneficios que puedan haber dentro de una sociedad de arquitectos tasadores en su relación con el Colegio (de Arquitectos) dan una unidad completa, porque más que una simple relación entre ambos gremios están implicando de hecho de que en el área de la evaluación y el valor inciden tantos factores simultáneamente, que del aprovechamiento que se saque de esos factores se hace más grande nuestro país, ya los profesionales que tenemos alguna forma de pronunciamiento en alguna medida vamos a estar mejor capacitados para entender este mundo, del valor y la evaluación, donde el arquitecto sí, tiene un gran papel que cumplir”, precisó Arenas.
LA AGENDA URBANA
El discurso de apertura estuvo a cargo de la ministra Patricia Poblete, quien expuso sobre la Agenda Urbana y el desafío que implica la reciente aprobación, por parte del Senado, de la reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de planificación urbana. “Los desafíos del futuro se fundan en el Chile moderno que estamos construyendo y en un contexto muy distinto al de hace 30 años”, cuando se formuló esta ley marco que hoy nos rige, afirmó la secretaria de Estado.

En la Foto: Diputado Patricio Hales, Vicepresidente ASATCH Alejandro Abarzúa, Presidente Asatch Fernando Merino, Ministra de Vivienda Patricia
Poblete, Presidente colegio de Arquitectos de Chile Alberto Montealegre K.



Exposición Ministra de Vivienda,
Congreso de arquitectos tasadores
Viernes 13 de junio, 2008
En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este Tercer Congreso Nacional de Arquitectos tasadores, y Primer Congreso Nacional de Evaluación Inmobiliaria y Tasación.
Esta reunión que congrega a arquitectos, ingenieros, constructores y desarrolladores inmobiliarios es para nosotros como Ministerio, una excelente instancia para compartir, en un contexto de cercanía y confianza, nuestros principales desafíos respecto de las ciudades chilenas y la forma en que los estamos abordando.
Para situarnos en el marco de este Congreso, estos desafíos no sólo apuntan a mejorar la calidad de vida en las ciudades. También buscan valorizar nuestros espacios urbanos, creando las condiciones para una mayor equidad en el desarrollo de las ciudades y sus barrios.
Como ustedes saben el 2006, presentamos una nueva Política Habitacional, que ha marcado un giro importante en el objetivo de dotar de vivienda a quienes no la tienen.
Por primera vez, hemos asumido una trilogía de desafíos: la calidad y la integración social son hoy componentes tan importantes como la cantidad, lo que significa incorporar una visión distinta, que creo marcará un antes y un después en materia de vivienda social en Chile.
Al mismo tiempo, elaboramos una Agenda Urbana, cuyas iniciativas más visibles han sido la reciente aprobación del senado, por abrumadora mayoría, para reformar la Ley General de Urbanismo, en materia de planificación urbana.
Ello junto a la propuesta de actualización del Plano Regulador Metropolitano de Santiago, que presentamos en abril al CORE.
Quiero compartir con ustedes el sentido y los principales contenidos de ambas iniciativas.
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Para ello, quisiera dividir mi presentación en las cuatro partes que aparecen en pantalla.
Partiré con los principales desafíos urbanos que enfrentamos hoy.
Abordar el nuevo contexto urbano, más dinámico y transformador, lleno de oportunidades, pero también de amenazas, nos permite plantear respuestas de corto y largo plazo para los nuevos escenarios.
Entre ellas, un marco legal que facilite la construcción de ciudades más integradas, más sustentables y más competitivas.
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Los desafíos del futuro se fundan en el Chile moderno que estamos construyendo y en un contexto muy distinto al de hace 30 años, cuando se formuló la Ley General de Urbanismo y Construcciones que hoy nos rige.
Al respecto un solo antecedente que grafica el cambio: en 1931, cuando se elaboró la Ley de Construcciones y Urbanización, el 80% de las construcciones que conformaban las ciudades tenían origen estatal, y un 20% eran de iniciativa privada. Hoy las cifras son justamente inversas.
De ahí, que el nuevo escenario urbano, nos obligue no solo a pensar en reformas a la planificación urbana ó a los programas de inversión, sino a plantearnos seriamente un debate sobre la institucionalidad de las ciudades.
Queremos generar convergencia entre las instituciones públicas y privadas que actúan sobre el tejido urbano.
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Haciendo un esfuerzo de síntesis, podríamos caracterizar el nuevo contexto urbano en 6 puntos:
- Nos enfrentamos a un sostenido aumento de la población urbana. En la última década, la ésta creció en un 17,5% y los hogares en un 29,6% Hoy 9 de cada 10 chilenos viven en ciudades
- Tenemos una creciente presión por mayor descentralización político-administrativa en la gestión urbana, poniendo a los municipios al centro de la agenda urbana.
- Hay un crecimiento sostenido de la construcción inmobiliaria, que en pocos años transforma barrios y ciudades. Desde 1990 los metros cuadrados construidos anualmente, aumentaron más de un 127%.
- En cuarto lugar, hay un explosivo aumento de las demandas por mayor participación y transparencia en las decisiones que afectan a los barrios.
- Vemos, con gran preocupación, la segregación territorial de los más pobres, las carencias y el deterioro urbano de sus barrios y la desigualdad en el acceso a los bienes urbanos públicos.
- Y finalmente, debemos reconocer que aunque nuestras ciudades han mejorado, los conflictos, por proyectos o decisiones de planificación urbana, han aumentado.
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Uno de los hechos que marca la realidad actual es que las ciudades son la mayor fuente de oportunidades en el siglo XXI.
Como ustedes saben uno de los principios de la “nueva economía” es que el principal motor de progreso de una sociedad es la interacción de las personas, que hace de las ciudades generadoras de desarrollo y crecimiento económico.
Pero también las ciudades pueden ser una fuente de problemas y graves carencias si no se sustentan en buenas políticas públicas y no son capaces de responder a estos cambios.
Por eso, vale la pena proyectarnos y graficar las demandas que enfrentamos.
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Las ciudades chilenas están cambiando con gran dinamismo, y por ello requieren de agendas públicas activas que den respuesta a estos cambios.
Solo para hacer un ejercicio proyectivo a 22 años, quisiera mencionar algunas potenciales transformaciones urbanas.
1. El 2030, Chile tendrá, a lo menos, 3 millones de nuevos habitantes urbanos. Tendremos 5 nuevas áreas metropolitanas de cerca de 500.000 habitantes: La Serena-Coquimbo; Antofagasta; Temuco-Padre Las Casas; Iquique-Alto Hospicio y Puerto Montt-Puerto Varas).
2. Es probable, que sólo en desarrollo urbano, dupliquemos la cantidad de m2 construidos por año, pasando de 14 millones de m2 en permisos de edificación a cerca de 30 millones. Para entonces habremos urbanizado 120.000 has. adicionales al interior de límites urbanos planificados.
Todos estos cambios, pueden traer enormes beneficios a los chilenos, pero también podrían significar problemas y deterioro de la calidad de vida, si no tenemos las políticas públicas y los instrumentos adecuados para actuar a tiempo.
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La pregunta surge de inmediato:
¿Cómo responder a este nuevo contexto, para que estas tendencias se traduzcan en mayor calidad de vida?
Es obvio que tenemos que avanzar en programas de inversión pública, en particular en las zonas más degradadas, pobres y de menos dinamismo.
Pero también en la reforma al marco regulatorio, que facilite el desarrollo equilibrado de nuestras ciudades.
Somos un país con altos estándares urbanos básicos, y por eso hoy podemos plantearnos metas más ambiciosas, porque hemos resuelto en forma exitosa y con logros inéditos en América Latina temas como el déficit habitacional y la cobertura de servicios básicos.
En los últimos años han aumentado las demandas por el paso siguiente: por calidad urbana, por más participación, por mayor equidad en el desarrollo de los barrios y en el acceso a bienes públicos, la infraestructura y los servicios.
En alguna medida hemos pasado de resolver las demandas de cantidad a resolver demandas de calidad.
Y para ello necesitamos un nuevo trato urbano, que ponga la calidad de vida urbana al centro de las agendas públicas y privadas.
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Este nuevo trato lo hemos expresado en la “Agenda de Ciudades”, que resume nuestros compromisos para el presente gobierno, y que se agrupan en 4 grandes líneas de acción:
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- Reforma a Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación de nuestras ciudades.
- Planificación Urbana integrada, con una fuerte inversión en Planes Reguladores en todas las ciudades y Planes de Inversión Pública por ciudades, mediante amplios convenios de programación regional.
- Un aumento significativo de la inversión en obras de mejoramiento urbano, lo que ha implicado duplicar el gasto público en vialidad, espacios públicos y pavimentación de barrios
- Finalmente, hemos querido poner un énfasis especial en la Recuperación de Barrios, tanto vulnerables como deteriorados, mediante nuevos subsidios de mejoramiento y el Programa Quiero Mi Barrio.
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En relación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que abordaré ahora en detalle, quisiera partir llamando la atención sobre un hecho histórico:
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En sus aspectos urbanísticos, esta ley no ha sido actualizada en los últimos 30 años.
Pero además, por primera vez en la historia de Chile, estamos discutiendo en el Congreso cómo queremos construir nuestras ciudades y barrios.
La aprobación de la idea de legislar, que el Senado acordó por abrumadora mayoría el pasado 3 de junio, es un paso histórico.
Todas las anteriores leyes de urbanismo y construcciones (la original y su más reciente reforma en 1976) han sido Decretos con Fuerza de Ley emanados del Ejecutivo, como aprecian en pantalla.
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No obstante, no estamos partiendo de cero, porque esta misma ley ha significado importantes aportes, creando certezas para propietarios e inversionistas.
Ha permitido mantener una larga tradición de planificación urbana, que ha trascendido a todos los gobiernos.
Y si bien, nuestras ciudades tienen aún mucho que mejorar, las reglas del juego han permitido tener ciudades ordenadas y planificadas, con cientos de planos reguladores vigentes que facilitan las decisiones de construcción y, por supuesto, de tasación y valorización de nuestro stock construido.
Por eso, el proyecto de ley mantiene lo bueno de nuestra tradición en la materia, conservando las facultades que pueden ver en pantalla.
A partir de este piso, hemos definido qué queremos mejorar.
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El proyecto de ley busca complementar la actual ley, resolviendo un conjunto de deficiencias.
Para ello hemos puesto el acento de la planificación urbana en la integración, la participación y la descentralización.
La nueva Ley no es una marco rígido que le dice a cada municipio o gobierno regional como debe planificar su comuna o región.
Por el contrario, los empodera, entregando un amplio abanico de mecanismos y tipos de planes, que se adaptan a demandas, problemas y escalas distintos, fomentado la diversidad urbana y la concertación de esfuerzos.
El proyecto plantea 4 objetivos:
- Mejorar la participación ciudadana y la coordinación entre el sector público y privado.
- Acoger la diversidad de ciudades y barrios, con mecanismos apropiados a cada caso.
- Fortalecer las capacidades locales de gestión del desarrollo urbano, a través de herramientas ágiles y oportunas, facilitando la actualización de los planos reguladores.
- Generar un “mayor equilibrio” entre los proyectos privados y los barrios donde se emplazan, compatibilizando los derechos de quienes construyen con los de quienes se ven afectados por esas mismas construcciones.
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Los contenidos que aborda la Ley de Planificación Urbana podemos resumirlos en 6 materias, que resuelven, en gran medida, las limitaciones de la actual legislación.
Estas 6 materias prioritarias son las que Uds. pueden apreciar en la lámina y que desarrollaré a continuación:
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En materia de participación, las mayores dificultades para tener buenos planes reguladores, no radica en la ausencia total de participación, porque existen formas de consulta.
El problema hoy es que la participación se realiza en las etapas finales de aprobación de un Plan, lo que hace altamente conflictiva su aprobación o modificación.
La iniciativa plantea adelantar la participación. Queremos que los vecinos participen en la construcción del plan regulador de su comuna, desde su formulación y no sólo en la etapa final.
Esto es ventajoso para ellos y también para los municipios, porque facilita los acuerdos y agiliza los procesos.
Esta etapa previa de participación, deja se ser una formalidad, y se convierte en un nuevo instrumento del plan: El Esquema Director, que será el documento que establezca los principios y líneas generales de los cambios normativos que propone la autoridad de la comuna o ciudad.
Esto facilitará la participación de todos, al ser más simple y menos críptico para los vecinos o interesados, también porque es más fácil discutir sobre aspectos generales y criterios y no sobre normas ya elaboradas que tienen efectos sobre propiedades o intereses personales.
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Para facilitar la actualización de los Planes reguladores y permitir un mejor diseño urbano de barrios y zonas al interior de una comuna o ciudad, se incorporan Planes Menores y procedimientos expeditos para hacer correcciones, como son los Planos Seccionales, Planos de Detalle y Enmiendas
Hoy la realidad es realmente “kafkiana”. Para hacer un cambio o ajuste a una manzana, o corregir un error, se requieren los mismos estudios y plazos que para hacer el Plan Regulador completo.
Los Planos Seccionales podrán modificar parte de un plan regulador, mediante proceso de consulta y aprobación reducida, siempre que NO se modifiquen los acuerdos generales del Esquema Director.
Los Planos de Detalle permitirán fijar con exactitud los límites y dimensiones de los espacios públicos y zonas, por ejemplo para el diseño de las calles y veredas, o para conocer con certeza las afectaciones de utilidad pública por ensanches de calles.
Por su parte, las Enmiendas permitirán algo que parece obvio pero que hoy no es posible, hacer correcciones o ajustes menores con un proceso más corto que formular un plan regulador completo.
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La resolución de muchos conflictos entre actividades y proyectos, o el efecto positivo de la inversión privada en una zona, no será tal si el desarrollo inmobiliario no está acompañado por un mejoramiento del entorno o de las condiciones del barrio donde se ubica un nuevo desarrollo.
El proyecto propone que el Plan Regulador pueda establecer mayores niveles de construcción (bonificaciones) a cambio de obligaciones para el mejoramiento urbano del sector, tales como
- obras en el espacio público (plazas, áreas verdes, vialidad, veredas, etc.)
- % de tipos de vivienda al interior de un proyecto, especialmente de viviendas sociales.
- Dotación de equipamiento, escuelas, consultorios, servicios públicos.
Aunque hemos usado un nombre similar al de las ZODUC de la Región Metropolitana, este mecanismo está diseñado para ser aplicado en zonas urbanas, en todas las comunas.
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Otra de las innovaciones del proyecto de ley es la incorporación de los mecanismos de intercambio de derechos de construcción. Es decir, la transferencia de capacidad de construcción de un predio a otro.
No obstante que la protección o gravamen de ciertas zonas en un plan puede justificarse para proteger un área verde o un inmueble de valor histórico, debemos reconocer que los efectos de protección no siempre son los deseados.
Aunque la comunidad en su conjunto se beneficia con la protección de su entorno, los propietarios de los inmuebles gravados son perjudicados en el valor de sus propiedades, lo que, contrariamente a lo deseado, crea enormes desincentivos a la recuperación de estas edificaciones o zonas.
Un buen sistema de desarrollo urbano debiera permitir a todos los propietarios beneficiarse igualmente del desarrollo de sus barrios o compensar a los más perjudicados.
Siguiendo este principio, este mecanismo permitirá transferir derechos entre predios contiguos o asignar derechos transables de construcción a los inmuebles o zonas protegidas en los planes reguladores, incentivando a otros propietarios a compensar comprando estos derechos para usarlos en zonas disponibles para el desarrollo urbano.
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Un quinto tema de interés tiene relación con la necesidad mejorar nuestros mecanismos para recuperar zonas degradadas de las ciudades.
El proyecto de ley propone que los municipios tengan una facultad que hoy sólo poseen los SERVIUs, que les permita expropiar, a través de declarar de utilidad pública sectores o barrios, cuando se encuentren en condiciones de deterioro.
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Por último, junto con ampliar los mecanismos de planificación y gestión urbana, se requiere establecer que el desarrollo urbano debe ser planificado y sin discrecionalidades. Para ello, se deben corregir y derogar las facultades que hoy permiten construir y lotear al margen de la participación y la planificación.
Me refiero en particular a los efectos nocivos del DFL 3516 sobre “predios rústicos”, comúnmente conocidos como “parcelas de agrado”, que generan sub-urbanizaciones sin infraestructura mínima, dado que no son exigibles las obligaciones de urbanizar que rigen en las áreas urbanas.
Y, a las facultades discrecionales de los Seremis de Agricultura de aprobar cambios de uso de suelo, conjuntos de viviendas o edificaciones industriales.
En esta línea el proyecto propone :
- Derogar el DFL Nº 3.516 sobre parcelación rustica
- Derogar el actual Art. 55° de nuestra ley que otorga facultad discrecional a la SEREMI de Agricultura y al MINVU, de aprobar o rechazar construcciones
Estas son algunas de las principales innovaciones del Proyecto de Ley sobre Planificación Urbana hoy en discusión en el Parlamento.
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Un claro ejemplo de la aplicación de las ideas matrices del proyecto de ley, podemos verlo en la propuesta de actualización del PRMS.
En abril pasado, hicimos públicos los contenidos y principios de esta actualización, generando un amplio debate sobre el desarrollo de nuestra capital.
Se ha puesto nuevamente sobre la mesa un conjunto de debates permanentes de carácter nacional como el crecimiento de Santiago versus regiones, los costos del crecimiento urbano versus el medio ambiente o la sustentabilidad misma del desarrollo inmobiliario.
En todos estos debates subyace el mismo dilema:
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¿Es posible estimular el crecimiento económico y la inversión y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida y respetar el medio ambiente?
Como Gobierno, sostenemos que no sólo es posible. Pensamos que en el concepto de desarrollo siempre está incluido el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, porque solo así podemos hablar de verdadero progreso.
Ello obliga al diseño de políticas públicas que hagan compatible un sostenido incentivo al crecimiento económico con la promoción de una mayor equidad social y sustentabilidad ambiental.
Y eso, es lo que nos hemos propuesto, en la actualización del PRMS.
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Desde que promulgamos el primer PRMS, hace 14 años, la ciudad ha cambiado significativamente.
Por otra parte, algunas debilidades del instrumento impidieron concretar los objetivos principales que lo inspiraron, los cuales siguen vigentes.
El límite urbano no contuvo el crecimiento horizontal de la ciudad. Santiago se extendió más allá de él, urbanizando miles de hectáreas al margen de la normativa, como ocurrió con parcelas de agrado
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De las 25 mil hectáreas que definimos para acoger el crecimiento en expansión, cerca de 14.000 se han consolidado entre 1994 y 2006. Gran parte de este suelo se urbanizó sin la infraestructura necesaria, sobre todo en poblaciones de vivienda social.
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Las zonas industriales exclusivas permitieron sacar actividades molestas del interior de Américo Vespucio. Sin embargo, algunas áreas importantes no se consolidaron aumentando el stock de sitios eriazos de nuestra ciudad.
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Queríamos promover la descentralización de los centros cívicos y de servicios, pero de los 11 subcentros que propusimos sólo dos se implementaron, afectando nuestra política de acercar los servicios a la gente garantizar un crecimiento más equilibrado de la periferia.
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Las áreas verdes propuestas tampoco se ejecutaron en su totalidad. De hecho muchos de los parques metropolitanos siguen siendo grandes extensiones de suelo eriazo.
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Algunos municipios han agotado sus reservas de suelo disponible y enfrentan serios problemas para acoger el crecimiento de su población.
Las cifras oficiales de nuestro Observatorio Urbano nos dicen que solo el Gran Santiago creció 11.750 Hectáreas entre 1993 y 2003, es decir a un promedio de 1.175 hectáreas por año. Y que quedarían algo más de 7.000 hectáreas urbanizables, entre zonas industriales y usos residenciales y mixtos.
Por ello, muchos municipios nos han hecho llegar sus sugerencias para ampliar el límite urbano vigente, recogiendo iniciativas de empresas inmobiliarias y de los propios vecinos.
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La vialidad estructurante no se ha concretado en la velocidad y forma que esperábamos.
Además, la imposibilidad de reservar fajas viales fuera de los límites urbanos, supone una amenaza latente.
Existen miles de hectáreas de parcelas o proyectos de desarrollo condicionado que no tendrán conectividad con la ciudad si no actuamos pronto.
Por último debemos recordar que en febrero del 2009 se cumple el plazo para actualizar las fajas viales declaradas de utilidad pública.
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En este marco, actualizar el PRMS es una responsabilidad ineludible y una oportunidad única para materializar una estrategia de desarrollo para nuestra región capital, cuyo norte es uno: mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo, de todos sus habitantes, especialmente de los más vulnerables.
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Esta estrategia se basa en cinco principios:
1. Complementar la regulación con inversiones. La regulación es insuficiente para materializar los cambios propuestos ya que depende de terceros. Por esta razón, muchos de los objetivos del PRMS no se concretaron.
2. Para revertir esta deficiencia, diseñaremos las propuestas normativas en concordancia con las numerosas inversiones que ejecuta el Estado en ámbitos territoriales.
Y, dentro de nuestra política de planificación por condiciones, propondremos que los urbanizadores financien la infraestructura y los servicios que requieren las nuevas zonas de expansión, para operar de forma sustentable, evitando traspasar estos costos al resto de la ciudad.
3. Apoyar la integración social: el PRMS no puede estar ajeno a nuestra principal motivación: lograr una ciudad más equitativa. Esto implica revertir los patrones de segregación que hoy tenemos.
Bajo este principio, exigiremos que las zonas de expansión contemplen cuotas de suelo para vivienda social.
4. Aumentar las áreas verdes: el desafío de sustentabilidad implica resolver el déficit de áreas verdes, especialmente en los barrios pobres y segregados.
Bajo el marco de la planificación por condiciones, propondremos que las nuevas zonas de expansión materialicen parques y áreas verdes, evitando ocupar territorios de valor ecológico y ambiental.
Asimismo, financiaremos con recursos públicos la forestación de calles y parques metropolitanos no materializados.
5. Asegurar Infraestructura y Conectividad: el desafío de la movilidad, implica reservar con tiempo las fajas viales que conectarán las zonas de crecimiento con la ciudad consolidada. Por ello es deseable que los urbanizadores financien estas vías, a objeto de disminuir las externalidades sobre el resto de la ciudad.
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En coherencia con el proyecto de Ley de Planificación urbana y con la planificación por condiciones que hemos venido aplicando en la región Metropolitana desde 1997 toda la propuesta de actualización del PRMS se inscribe dentro de nuestra política de planificación sustentable y condicionada.
Esto quiere decir que los terrenos que se incorporen al área urbana deberán financiar obras de infraestructura, áreas verdes, equipamientos y destinar cuotas para vivienda social.
Con ello evitaremos traspasar al resto de la ciudad las externalidades del crecimiento en la periferia.
Así, lograremos materializar los objetivos que inspiran esta actualización, al facilitar la creación de nuevas áreas verdes y barrios más integrados socialmente.
Por último, la planificación por condiciones será una opción con costos y beneficios claros y transparentes que se aplicará no sólo a los terrenos que se incorporarán al área urbana, sino también, para la reconversión y revitalización de áreas urbanas deprimidas.
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En esta línea ya estamos avanzando con hechos concretos.
El pasado miércoles 11 por primera vez, el CORE aprobó los primeros Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado, conforme a la norma que creamos el año 2003.
Estas cerca de 2.300 hectáreas de nuevas zonas de crecimiento urbano representan un cambio cualitativo en la planificación urbana nacional, ya que responden íntegramente a los nuevos principios y condicionamientos que pretendemos aplicar al resto de Santiago y de Chile.
Estos son:
- Planificación Integrada con porcentajes de vivienda social;
- mayor dotación de áreas verdes y Parques;
- mitigaciones en Vialidad Intercomunal;
- construcción de Equipamiento Urbano
- y una amplia participación municipal.
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Desde esta perspectiva, la propuesta presentada por el SEREMI de Vivienda avanza en la misma dirección y es también una invitación a la participación.
Aquí no hay verdades reveladas, ni propuestas indiscutibles. Sí hay criterios objetivos, que fundamentan cada proposición, y que reducen los espacios para la discrecionalidad
Por cierto, esta invitación considera a los arquitectos, estudiantes, académicos y profesionales vinculados al desarrollo urbano y a la planificación urbana, así como a los empresarios de la construcción, a los inversionistas, y sector financiero, como los aquí presentes.
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Finalmente, no me queda sino volver a agradecer la oportunidad de compartir estas líneas con ustedes, resaltando la convergencia existente entre las tareas que estamos desarrollando como Estado, y el aporte del mundo profesional y privado, donde ustedes como profesionales expertos tienen mucho que aportar.
Muchas Gracias

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