| Colegio de Arquitectos de Chile: |
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Consolidando una preocupación nacional por la protección del patrimonio de nuestro país, el Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley que crea el Instituto del Patrimonio, el cual estaría conformado por la fusión de la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales ya existentes, siendo asesorado por un Consejo del Patrimonio, que estaría integrado por los Ministros de Cultura, Educación, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales y el Director de la Conadi, junto a cinco personas de la sociedad civil que serían nombradas por el Presidente de la República. Varias voces surgieron públicamente en contra del proyecto, entre ellas la del Colegio de Arquitectos de Chile y su Comité de Patrimonio, presididos por Patricio Gross y Ezio Mosciatti respectivamente. Si bien se valora el interés y la preocupación del Gobierno, se plantea firmemente la necesidad de un debate profundo para la creación de una institucionalidad adecuada para el patrimonio nacional, instancia que no debe estar manejada bajo un criterio político sino que experto, incorporando una estrategia que permita integrar el patrimonio, tangible e intangible, al desarrollo y calidad de vida de todos los ciudadanos. Para el Colegio la creación de una institucionalidad adecuada resulta fundamental para ordenar las competencias y funciones relativas a la administración y manejo del patrimonio tanto de parte del sector público como del privado. Esta instancia debiera potenciar una legislación patrimonial que resuelva sus conflictos, falencias y duplicidades, evitando la creación de nuevas instituciones que confundan objetivos, como son la conservación y desarrollo del patrimonio y el fomento a la creación y las industrias culturales. Considerando que el proyecto gubernamental presentado constituye expresamente un peligro para la institucionalidad del patrimonio nacional, el Colegio de Arquitectos de Chile ha elaborado una declaración pública que presenta las graves fallas de las cuales adolecería el proyectado Instituto. Esta declaración ha sido suscrita conjuntamente por el Colegio de Antropólogos, Sociedad Chilena de Arqueología, Decanatos de las Facultades de Arquitectura de la Universidad de Chile y de la Universidad Central, Ciudad Viva, Ciudadanos por Valparaíso, Cultura Mapocho, Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, la Asociación Chilena de Barrios y Zona Patrimoniales, y la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), entre otras organizaciones, junto a los profesionales Virginia Vidal, Consejera representante de la SECH, Marta Cruz-Coke, Luis Gómez y Eugenio Cienfuegos, Consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales. Se plantea que la creación de este Instituto destruye la actual institucionalidad y crea confusión y desorden administrativo al establecer una doble dependencia, creando el Consejo del Patrimonio, presidido por el Ministro(a) Presidente(a) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quien tomaría en última instancia las decisiones, quedando su dependencia administrativa y económica bajo el alero del Ministro(a) de Educación. Junto a ello, otra grave falencia consiste en que se elimina la participación de gremios e instituciones vinculados al tema, es decir de todo el mundo privado y la sociedad civil, incluidos los representantes del Colegio de Arquitectos, el Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, el Instituto de Conmemoración Histórica, la Sociedad Chilena de Arqueología y la Sociedad de Escritores de Chile, entre otros. Suprime también al Consejo de Monumentos Nacionales, que no es reemplazado por ninguna instancia, colocando al patrimonio bajo la dependencia y arbitrio total del Estado, pues todos sus integrantes son designados por el Presidente de la República. Considerando la participación social activa como fundamental en la mantención y protección del patrimonio arquitectónico y cultural, el proyectado Instituto no considera en ningún punto la participación directa - fundamento de la democracia - de gremios, comunidades y la ciudadanía. No crea ni menciona ningún incentivo para convocar al mundo privado a cuidar y gestionar su patrimonio cultural, salvo los consabidos fondos concursables, cuyos recursos y modalidad son insuficientes para abordar la conservación integral del patrimonio. El objetivo original del Instituto presentado era reunir a los organismos del Estado vinculados con el patrimonio, evitando la duplicidad de funciones. Sin embargo, este objetivo no se cumple, ya que las áreas patrimoniales del Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, Bienes Nacionales y Relaciones Exteriores siguen funcionando en forma independiente, unificando sólo a la DIBAM y al Consejo de Monumentos Nacionales, entidades que ya estaban integradas en lo funcional y legal. Tampoco considera el aspecto de las plantas funcionarias, tanto en su aumento como en su calidad de contratación, que permanecen iguales, y, por sobre todo, confunde el rol que le cabe a la conservación del patrimonio y a la creación y fomento de la cultura, colocando a la primera bajo la lógica y el poder de la segunda. Estos errores son de tal gravedad y magnitud que, además de generar incertidumbre institucional, han llevado a concluir que este proyecto no puede llegar a ser bueno y beneficioso para el país y el patrimonio. Se valora que se establezca un fondo de estudio y recuperación patrimonial, sin embargo el país necesita un Política Patrimonial inclusiva y estable, que pueda ser llevada a cabo por una institucionalidad apropiada. Por todo lo anterior, todas las organizaciones y profesionales que suscriben conjuntamente esta declaración solicitan que el Proyecto de Ley no sea enviado al Congreso y que se establezcan las condiciones que consideren los puntos antes planteados, al tiempo de ofrecer la colaboración con su conocimiento y experiencia para el estudio de mejores alternativas.
Declaración Pública Valoramos el interés y la preocupación del Gobierno por el Patrimonio. Sin embargo, ha circulado de manera informal lo que sería el Proyecto de Ley que crea el Instituto del Patrimonio Cultural, al que sólo le faltaría el informe del Ministerio de Hacienda para ser ingresado al Congreso. Una nueva institucionalidad para el patrimonio creemos que debe cumplir con algunos requisitos básicos que el proyecto que hemos recibido no recoge. En efecto, de acuerdo a este documento, el proyectado Instituto adolecería de las siguientes e importantes fallas:
Estos errores son de tal gravedad y magnitud que, además de generar incertidumbre institucional, nos llevan a concluir que este proyecto no puede llegar a ser bueno y beneficioso para el país y el patrimonio. Valoramos que se establezca un fondo de estudio y recuperación patrimonial, sin embargo el país necesita un Política Patrimonial inclusiva, estable, que pueda ser llevada a cabo por una institucionalidad apropiada. Por todo lo anterior solicitamos que, de ser fidedigno el documento con el que contamos, el Proyecto de Ley no sea enviado al Congreso y que se establezcan las condiciones que consideren los puntos antes planteados, al tiempo que ofrecemos nuestra colaboración -como lo hemos hecho antes- para estudiar alternativas mejores. Santiago, 03 de Septiembre 2009 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE
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